Proyecto Tábano

Busca Conde amparo contra sanción por opaco

Jesús Conde Mejía, secretario de Finanzas, presentó una solicitud de amparo en contra de una amonestación privada que le aplicó la CEGAIP el pasado mes de noviembre por negarse a proporcionar la documentación que ampara el préstamo que Marcelo de los Santos otorgó a Grupo Santos por 70 millones de pesos.

El funcionario estatal argumenta, en su petición de amparo, que no se le dio derecho de audiencia ni se fundó ni motivó adecuadamente la sanción, además de que acusa a la CEGAIP de no valorar “la gravedad de la infracción, considerando si el infractor obró con dolo o negligencia, las circunstancias en que se produjeron los hechos irregulares, y las consecuencias derivadas de la acción u omisión del infractor".

La sanción contra la que pide amparo Conde Mejía se deriva de una solicitud de información en la que se le pidió copia de la documentación que sustenta el adeudo de Grupo Santos al gobierno estatal y el saldo al momento de la solicitud, que se presentó el 14 de junio de 2010, y que respondió con un documento sin relación con lo pedido.

Tras la queja ante la CEGAIP y una vez que ésta ordenó la entrega de la documentación, Conde Mejía acordó con el Comité de Información de la Secretaría, declarar inexistentes los documentos, justo en los momentos en los que el gobernador Fernando Toranzo anunciaba el inicio de un juicio para recuperar los recursos.

La CEGAIP dio por válida la declaración de inexistencia, sin tomar en cuenta los anuncios públicos hechos por Toranzo Fernández.

A pesar de oficialmente declarar inexistentes los documentos, en declaraciones video grabadas Conde anunció, el 18 de abril de 2011, que aportaría los documentos para la presentación de la demanda anunciada por el gobernador.

Ante una nueva solicitud de información a la que se adjuntó copia de la nota informativa en la que Conde anunció la aportación de los documentos para la demanda, la Secretaría de Finanzas respondió que los documentos declarados inexistentes por acuerdo del 20 de enero de 2011 tenían el carácter de reservados.

Desde el 2 de marzo de 2011 se presentó un escrito a la CEGAIP sobre la actuación dolosa del funcionario, quien –junto con su comité de información– mintió a la CEGAIP al declarar inexistentes los documentos que después declaró reservados. Aquel escrito de queja no recibió ninguna respuesta.

Ante la nueva respuesta de la Secretaría de Finanzas, se presentó una nueva queja a la CEGAIP, la 370/2011-1, que es la que hoy –cuatro años después– da origen a la amonestación privada contra la que Conde Mejía solicitó amparo.

No se trata del primer caso ante el que Conde Mejía interpone un juicio de amparo en una estrategia que compartió con Héctor Mayorga Delgado para retrasar la liberación de la información del crédito que por mil 500 millones de pesos pidió Marcelo de los Santos al final de su sexenio.

Si el caso ilustra las maniobras para retrasar la difusión de información que debe ser pública, también muestra la lentitud en la actuación de la CEGAIP que, cinco años después de iniciada la primera solicitud sobre el caso, apenas aplica la primera de las medidas de apremio contempladas por la Ley de Transparencia.

Si el caso muestra claramente el dolo con que se condujeron los funcionarios de la Secretaría de Finanzas para negar la información, no deja libre al órgano garante que, por omisión, se convierte en cómplice de la opacidad.