CEGAIP da carpetazo a transparentar destino del crédito marcelista

• Abdica de calificar la calidad de las respuestas para ocultar los registros contables sobre el destino de los mil 500 mdp

• Como funcionario, comisionado apoyó ocultar los documentos. Hoy vota para que sigan ocultos

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Si algo marcó el cierre del sexenio de Marcelo de los Santos Fraga fue el crédito que por mil 500 millones de pesos solicitó a unas semanas de concluir su mandato y cuya historia se ha convertido en una saga de complicidades para ocultar el verdadero destino de esos recursos, en la que, a punto de cumplirse seis años del hecho, la CEGAIP se apunta con un nuevo episodio.

La protagonista y presunta autora del nuevo capítulo es la comisionada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, quien como ponente sustituta de Alfonso Serment Gómez, llevó al pleno una resolución para dar por cumplida la orden de que sean revelados los registros contables utilizados por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2009, y fue aprobada a pesar de que los documentos proporcionados no corresponden a lo solicitado.

Se trata de un capítulo más de esta larga historia que inició a principios de 2010, y del que este episodio específico comenzó el 14 de abril de 2011, cuando se inició una queja en contra de la ASE por haberse negado a proporcionar la información que se le solicitó en los siguientes términos:

“Copias simples de los registros contables en los que basó su observación en el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 en la que afirma que ‘De acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500.000.000.00 es de $561,976,348.40, mismos que no es posible identificar a cuáles Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración de acuerdo al Decreto 819 de autorización’”.

Los documentos solicitados corresponden al eslabón que une a la administración de Fernando Toranzo, hoy en el ocaso, con la de su antecesor, y su ocultamiento sólo se puede explicar como parte de un juego de complicidades para ocultar el verdadero uso que dieron a esos recursos ambos mandatarios, pero especialmente el actual.

Fue la segunda ocasión en que se le requirieron los registros contables a la ASE, pues con motivo de una solicitud previa, la dependencia argumentó que se trataba de información reservada, para lo cual informó al solicitante la documentación forma parte del expediente de auditoría, lo que se hizo valer en la nueva petición.

“Cabe hacer la aclaración de que presento por segunda ocasión la misma petición, dado que en el caso anterior ese organismo reconoció en su Acuerdo de Reserva No. ASE-AEFG-PE/09 que los documentos por mí requeridos obran en sus archivos al comunicarme que “se le informa al solicitante que los registros contables forman parte del Expediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí””, se agregó a la solicitud.

Las peticiones previas comenzaron en 2010 y se presentaron ante la ASE y la Secretaría de Finanzas que, al igual que el organismo fiscalizador, negó la información con el argumento de considerarla como información reservada.

Hasta el 31 de enero de 2013 la CEGAIP resolvió la queja 270/2011-3, iniciada dos años atrás. Ordenó a la ASE proporcionar las copias de los registros contables requeridos, pero ésta en lugar de cumplir con la resolución comenzó una serie de maniobras que la Comisión toleró: insistió ante la propia CEGAIP en hacer valer su acuerdo de reserva y, ante una amonestación, recurrió a un amparo para retrasar su cumplimiento.

Una vez declarado improcedente el amparo, la ASE se vio obligada a proporcionar los documentos solicitados. No obstante, evadió la entrega mediante dos acciones tramposas: argumentó no contar con los registros contables completos a pesar de que en el acuerdo de reserva señaló que formaban parte del expediente reservado y, como la parte que sí poseía, proporcionó un documento distinto al requerido.

Al reportar el presunto cumplimiento de la resolución, la ASE advirtió a la CEGAIP que entregaba la información a pesar de que “esta Autoridad manifestó a esa Comisión los impedimentos con los cuales se cuenta para hacer entrega de dicha información”, cuando en realidad no entregó ningún documento de los solicitados.

“Esta Auditoría sólo cuenta con los registros contables parciales los cuales forman parte de los papeles de trabajo de los papeles de auditoría, en virtud de que es una información generada por la propia Secretaría de Finanzas mediante el Sistema de Información Financiera”, fue la respuesta que dio al solicitante.

Como “registros parciales”, proporcionó un documento de 13 páginas con cifras y cuentas bancarias sin ninguna relación con el crédito de los mil 500 millones de pesos.

Además, el documento contenía la leyenda “saldo al 25/09/10 Inv Total”, es decir, se trataba de un registro generado tres meses después de que el Informe Final de Auditoría 2009 había sido aprobado por el Congreso del Estado, señal inequívoca de que no correspondía al solicitado.

Desde junio de 2013, cuando se dio la entrega de esos documentos, el solicitante hizo notar las inconsistencias al no haber recibido la información requerida. La CEGAIP dejó inactivo el expediente desde entonces.

El pasado 16 de julio, dos años y un mes después, el solicitante fue sorprendido con una resolución de la CEGAIP en torno al caso: “esta Comisión… determina que en la especie la resolución se encuentra debidamente cumplida, ya que (la ASE) acató la instrucción señalada en la resolución de mérito”.

Al acuerdo fue tomado por el pleno el pasado 12 de mayo. La resolución está firmada por la comisionada Ávalos Cedilla como ponente, el comisionado numerario Oscar Alejandro Mendoza y el tercer comisionado supernumerario Miguel Ángel Ruiz Martínez. Tres comisionados evitaron conocer del caso:

Yolanda Camacho, presidenta de la CEGAIP, se excusó por su parentesco con el auditor José de Jesús Martínez Loredo; y los supernumerarios María Angelina Acosta Villegas y Luis Villanueva Ángel, no respondieron al llamado sin precisar sus impedimentos. Aparentemente los tres comisionados que votaron el acuerdo no tenían impedimento alguno para hacerlo.

No obstante, Oscar Alejandro Mendoza ya se había excusado en un asunto relacionado con los registros contables, aunque en un expediente de queja diferente. Entre las peticiones de los registros contables, la presentada ante la Secretaría de Finanzas originó la queja 294/2011-3, iniciada el 29 de abril de 2011, 15 días después de la que ahora están dando por concluida.

El 24 de enero de 2013, cuando estaba por resolverse ese expediente, Mendoza se excusó con el argumento de que él participó en el proceso de la respuesta con la que la Secretaría de Finanzas negó la información En su momento fue parte del equipo que determinó ocultar los documentos. Hoy es parte del trío que decide dar carpetazo al asunto y, con ello, mantenerlos ocultos.

Una historia que evidencia el rezago en el que ha caído la garantía del derecho de acceso a la información pública en el estado, en manos de comisionados que llegaron al cargo gracias a intereses de funcionarios caracterizados por su opacidad y a quienes hoy rinden buenas cuentas en perjuicio de quienes pretenden ejercer ese derecho.

Con el cierre del expediente, cuatro años después de iniciado, el estado de indefensión de los usuarios del derecho de acceso a la información queda plenamente retratado:

Los entes obligados pueden entregar como respuesta cualquier documento –hasta una hoja en blanco posiblemente– sin importar que no corresponda a lo solicitado. Si el peticionario expone ante la CEGAIP la discrepancia entre el documento pedido y el entregado, se topará con el criterio del organismo garante presentado en este caso y en otros:

“Este Órgano Colegiado no es un organismo fiscalizador de la información, ya que en caso de existir inconsistencias el quejoso deberá hacerlas valer ante las instancias competentes, dado que el objetivo de este órgano colegiado se enfoca en la entrega de la información”.

Los entes obligados tienen en los comisionados a verdaderos representantes de sus intereses por ocultar la información que deseen, y el caso del comisionado Mendoza habla por sí solo: unos meses antes de asumir el cargo participó en la elaboración de la respuesta que oculta una información que hoy vota para que quede inaccesible por un tiempo indeterminado.

Así, el crédito de los mil 500 millones de pesos de Marcelo de los Santos se vuelve emblemático de las complicidades entre el actual gobierno y el anterior, en el que la CEGAIP en manos de personeros, fue el instrumento para, desde su perspectiva, dar por sepultado el secreto del destino final que le dieron, tanto Fernando Toranzo como Marcelo de los Santos, al préstamo que terminará de pagarse hasta el 2029.

Para los interesados en continuar la lucha por abrir esa información las instancias locales ya dieron muestra de ser un dique insalvable, a pesar de que cualquier persona puede volver a solicitar los documentos hasta hoy ocultos.

Al tratarse de información que puede ser solicitada en cualquier momento, la esperanza de lograr abrir esa información surge con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dará, en unos meses, la posibilidad de recurrir a una instancia foránea como el INAI… [coming soon]

Reserva ASE información publicada

Congreso del Estado la entrega ante una solicitud, la Auditoría la “oculta”

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando la característica de un gobierno es la opacidad, los actos de sus funcionarios –así sean de presuntos organismos autónomos– tienen como objetivo automático ocultar la información… aunque el público ya tenga acceso a ella.

A partir de diciembre, cuando por una filtración se hizo público el convenio entre el Gobierno del Estado y la empresa alemana BMW, este 2015 comenzó su trayecto como el año de la información oculta a la vista de todos.

Con aquella difusión que al menos dos diarios de la ciudad, además de este sitio, dieron al documento, los acuerdos de reserva 014/2014 y 017/2014 de la Secretaría de Desarrollo Económico dejaron de tener sentido y todo apuntaba a que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) no tendría dificultad para ordenar su desclasificación.

No obstante, a pesar de que la queja mediante la que se solicitó la desclasificación del convenio Gobierno-BMW se interpuso el 28 de agosto, a un mes de que se cumpla un año, la CEGAIP no ha emitido la resolución para la cual el plazo se le venció desde el 14 de octubre o, en caso de haber acordado una prórroga, el 27 de noviembre.

El gobierno estatal mantiene la reserva de un documento que ya es posible consultar en diversos sitios de internet y, ante nuevas solicitudes de información que se han detectado en el sistema Infomex, continúa negando el convenio que la propia constitución estatal ordena que debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado para que tenga validez.

Si eso pasa con un documento que debe considerarse inválido por no cumplir con un requisito constitucional, que es una circunstancia que debió observar la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, no es de extrañar que otros documentos declarados por la propia Constitución como públicos, sean declarados reservados.

Corresponde a la propia ASE el siguiente caso sobre la exhibición de esa vocación de opacidad a ultranza. 

Tras fijar en sus primeros párrafos las fechas en que la ASE debe entregar al Congreso del Estado los informes finales de auditoría a los entes fiscalizables, en el párrafo sexto el artículo 54 constitucional señala que “la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo”.

De acuerdo con esa disposición, el mismo día que la ASE entrega los documentos al Congreso adquieren el carácter de públicos, tal como ocurre con los informes similares que entrega la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Congreso de la Unión, con una diferencia: la ASF sí los pública completos inmediatamente en su sitio Web.

Proyecto Tábano solicitó el pasado 23 de junio las versiones electrónicas de los informes finales de la ASE sobre las cuentas públicas 2014, para lo que proporcionó un disco compacto. Se trata de documentos que, para ese momento, de acuerdo a la Constitución ya eran públicos. Además, algunos diarios y medios periodísticos electrónicos y Web ya manejaban datos sobre ellos.

En el caso de las cuentas públicas municipales, se solicitaron también, vía Congreso del Estado, copias simples de los informes finales correspondientes a los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital.

Antes de que se venciera el plazo de la solicitud de información presentada ante la ASE, el Congreso del Estado notificó el costo de las copias simples de los informes correspondientes a los dos municipios conurbados, se cubrió en la caja de la Secretaría de Finanzas, y las copias de los documentos fueron proporcionadas.

La liberación de la información por parte del Congreso del Estado confirma el criterio del carácter público de los documentos conforme a la Constitución, pues en el caso de los informes correspondientes a las cuentas 2013, el Legislativo los tiene publicados en su sitio Web desde septiembre del año pasado.

Al mismo tiempo, la agrupación Ciudadanos Observando tuvo acceso a los documentos, lo que hizo posible que Proyecto Tábano los obtuviera y generara la base documental con lo que fueron puestos a disposición del público el pasado 30 de junio.

Fue entonces cuando, al cumplirse el plazo de la solicitud de información presentada ante la ASE y a pesar de que los documentos circulaban en diversos medios y ya estaban disponibles aquí, la Auditoría Superior comunicó su respuesta el 7 de julio:

“…es importante hacer del conocimiento del solicitante que al ordenarse la continuación de dicho proceso de auditoría en los términos legales a este Órgano Fiscalizador, por parte del Congreso del Estado, debe ser considerado como información reservada…”

La ASE argumenta como fundamento de su reserva los artículos 23 y 69 de la Ley de Auditoría Superior del Estado “en concatenación con el numeral 41 fracciones 1, 111, IV YVII de la ley de Transparencia”, y afirma que la información sólo podrá liberarse cuando se emita la resolución “que ponga fin al procedimiento y sea debidamente notificada al interesado”.

El Comité de Información de la ASE no sólo no consideró el hecho de que los documentos que ya habían pasado por manos de los 27 diputados y sus asesores, eran del conocimiento público por diversos medios, sino que además le dio mayor valor a leyes secundarias que a la Constitución Política del Estado.

En la presentación que la ASE expone sobre su espacio de transparencia en internet afirma que ésta “es ponerse en evidencia ante sí mismo y ante los demás con sus propios actos sin escudarse en la posición política, administrativa o ideológica”. Mejor descripción de la forma en que evidencia su vocación por la opacidad no puede haber: declarar oculto lo que está a la vista.

Un caso que se suma al ya expuesto sobre el convenio Gobierno-BMW y al que hace una semana protagonizó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) con la reserva de los resultados casilla por casilla del proceso electoral del 7 de junio, a pesar de que el propio CEEPAC mantiene al acceso del público casi la totalidad de las actas en el PREP.

Dos organismos autónomos que deberían ser ejemplo de anteponer los valores democráticos que les dieron vida, pero que, flanqueados por un tercero (la CEGAIP), parecen más ser parte de un mismo entramado para dificultar el derecho de acceso a la información pública sin importar caer en el ridículo de declarar oculto lo que está a la vista.

Reserva CEEPAC resultados del 7 de junio

Las cifras casilla por casilla deberán ocultarse por siete años, o hasta que el Comité de Información de ese organismo emita una declaración que los desclasifique

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Los resultados casilla por casilla del proceso electoral del pasado 7 de junio fueron clasificados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) como información reservada por siete años.

Mediante el Acuerdo CI-36-07-2015, tomado el 3 de julio, el Comité de Información del CEEPAC emitió la reserva de la información como respuesta a ocho solicitudes de información en las que requerían los resultados de las elecciones de gobernador, diputados locales y alcaldes casilla por casilla.

“Se acuerda clasifica como reservada la información contenida en las constancias que integran el expediente relativo “Actas de escrutinio y cómputo contenidas en los expedientes de casilla, actas de escrutinio y cómputo de las casillas realizadas acorde al procedimiento del Cómputo de la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamiento […] incluyendo cualquier formato en los que se haya realizado el vaciado y procesamiento de información contenido en las mismas”, las que deberán permanecer en reserva por el plazo al que se refiere la fracción II del artículo 37 de la Ley de la materia y bajo resguardo de la autoridad designada”, señala el acuerdo.

De acuerdo con los argumentos de la reserva de los resultados, el CEEPAC considera que si entrega la información a los solicitantes se corre el riesgo de que el proceso electoral pierda certeza en el resultado.

“El daño que pudiera producirse […] es mayor, al interés de los peticionarios, derivado de que esta reserva tutela los principios rectores de la materia electoral y de forma específica el de certeza, que es una obligación de este organismos”, argumentan como prueba de daño.

“Más aún”, agrega, “siendo conocedores de la promoción de diversos Juicios de Nulidad Electoral los que aún no están resueltos por el Tribunal Electoral del Estado y Tribunales Federales Jurisdiccionales”.

La reserva la fundamentan en la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Transparencia, que señala que se debe reservar la información “cuando se trate de expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado y ejecutoria, con excepción de los casos en los que sea inexcusable la tutela del derecho de protección de datos personales, previsto en la presente Ley”.

El acuerdo de reserva contrasta con lo publicado por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que, al cierre de su operación a las 21:00 horas del 8 de junio publicó prácticamente el 97 por ciento de las actas elaboradas en las casillas que se instalaron durante la jornada electoral.

El PREP aún puede consultarse vía internet en http://prepslp.org/, y en sus concentrados de los resultados casilla por casilla cuenta con un vínculo que permite visualizar o descargar una copia de las actas del cómputo de cada casilla, salvo los casos en los que las actas fueron detectadas como incorrectas o estuvieron en el interior de los paquetes electorales.

En el caso de la elección de gobernador, el PREP capturó más del 90 por ciento de las actas en todos los distritos. en lo distritos IV y VI la captura fue del 99.2 por ciento de las actas, en tanto que el que menos actas capturadas tuvo fue el distrito XIII con el 90.2 por ciento de las actas. el promedio de captura de actas fue de 96.4 por ciento.

Para los resultados preliminares de las elecciones de diputados locales, el PREP logró la captura de un 96.12 por ciento en promedio en los 15 distritos. En el IV distrito se logró la captura del 100 por ciento de las actas, en tanto que el caso con el menor número de actas capturadas due el distrito XIII con un 88.9 por ciento.

En 47 de los 58 municipios del estado, el PREP logró la captura de la totalidad de las actas de escrutinio de las casillas. Sólo en once municipios (Rioverde, Matehuala, Ciudad Valles, Mexquitic de Carmona, Tamuín, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, San Luis Potosí, Tamazunchale, Ébano y Coxcatlán) no se logró incorporar la totalidad de las actas.

El caso que sobresale es el de Coxcatlán, donde el PREP sólo logró la captura del 43.5 por ciento de las actas. en los otros diez municipios se superó el 80 por ciento, con tres casos que superaron el 99 por ciento (Rioverde, Matehuala y Ciudad Valles).

El sitio Web del PREP, aún habilitado, conforme al acuerdo de reserva CI-36-07-2015, emitido por el Comité de Información del CEEPAC, representaría una fuga de la información que consideraron que debería estar reservada por siete años o hasta que el Comité de Información de ese organismo emita una declaración que los desclasifique.