CEGAIP refuerza candado a convenio con BMW

• A un año de su revelación extraoficial, argumenta daños que su difusión no provocó

• Aporta nuevos motivos para mantener la reserva del expediente

Por José Victoriano Martínez Guzmán

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública finalmente resolvió, a 443 días de que se le venció el plazo legal, sobre la reserva del convenio entre el gobierno del estado y BMW: refuerza el candado echado al documento y aporta motivos adicionales para mantenerlo oculto.

A las 13:25 horas de este 15 de diciembre, la resolución a la queja 308/2014-2 fue notificada a Eduardo Martínez Benavente, quien interpuso el recurso desde el 28 de agosto de 2014, luego de que la Secretaría de Desarrollo Económico le negó la copia del convenio, así como de todos sus anexos.

La resolución, de 109 páginas, constituye una serie de argumentos que combaten lo expuesto por el solicitante a favor de la publicación de los documentos en su recurso de queja, en tanto que se hace un acopio selectivo de disposiciones legales para reforzar los acuerdos de reserva, al grado que concluye con recomendaciones para que la dependencia los “corrija”.

“Esta autoridad estima que, en ejecución de la presente resolución, el ente obligado deberá dictar un acuerdo de reserva mediante el cual, siguiendo los lineamientos de esta resolución, en cuanto a las causas legales que justifican la restricción del acceso a la información, modifique el acuerdo de reserva”, señala la resolución de la CEGAIP.

Los comisionados de la CEGAIP, Yolanda Camacho Zapata, Oscar Alejandro Mendoza García y la supernumeraria María Angelina Acosta Villegas, tras sus argumentos abiertamente parciales, establecen los cambios que la SEDECO debe hacer a los acuerdos de reserva 014/2014 y 017/2014 para mantener oculta la documentación relacionada con la llegada de la BMW.

El convenio entre Gobierno y BMW fue revelado extraoficialmente el 14 de diciembre de 2014, tras una filtración, cuyo documento difundido en medios de comunicación (Pulso y La Jornada del DF y La Jornada San Luis entre ellos) nunca fue desmentido y sí en cambio surgieron elementos que confirmaron la autenticidad del mismo.

A pesar de ello, entre las recomendaciones que la CEGAIP da a la SEDECO para argumentar las causas de reserva se encuentran daños que, a un año de publicado el documento y comentado en diversos medios de comunicación, no han ocurrido.

Estas son las recomendaciones que la CEGAIP emite para ser incorporadas en el nuevo acuerdo de reserva sobre el convenio gobierno-BMW y sus 13 anexos por la SEDECO como razones por las que el documento no puede ser conocido:

“Que difundir la información solicitada provocaría no cerrar las negociaciones aludidas con éxito perjudicando gravemente el interés público, pues no se contaría con las fuentes de empleo que los potosinos demandan, lo que a su vez, generaría una serie de fenómenos sociales y correlativos al fenómeno del desempleo, como lo son la migración, la rescisión económica, el aumento de la pobreza, marginación social, incremento en los niveles delictivos, desintegración familiar, por citar algunos”.

“Que la publicidad de la información solicitada afectaría el proceso de formalización con la empresa BMW SLP, sociedad anónima de capital variable, de los demás actos jurídicos que aún están pendientes por realizar”.

“Que se pondría en riesgo la posibilidad que existe actualmente de la decisión de BMW SLP, sociedad anónima de capital variable, de llevar a cabo la evaluación para ubicar en un futuro próximo un nuevo proyecto de alto impacto en el Estado y que se menciona en el "Convenio Marco", que vendría a complementar el actual proyecto, decisión que se tomaría en los próximos años subsecuentes»

“Se conocerían principalmente los bienes muebles e inmuebles que actualmente se están adquiriendo, generando con ello, una especulación en la compraventa, con perjuicio para la empresa BMW SLP, sociedad anónima de capital variable, ya que aún está pendiente la decisión respecto a la superficie adicional y otra destinada a proveedores, que pudiera estar en riesgo por un posible incremento en el costo de la tierra”.

Con relación a la reserva del contrato entre el gobierno estatal, la BMW y el Fideicomiso de Actividades Empresariales número F/00804, la CEGAIP repite que debe incluirse la primera de las observaciones anteriores, sobre la adquisición de bienes muebles e inmuebles, y agrega una relacionada con la protección de los intereses de Desarrollo Logistik, S.A de C. V.

“Esta autoridad estima que igualmente conlleva que surta la hipótesis de reserva señalada en el artículo 41, fracción IV, en lo que corresponde al terreno objeto de dicho contrato y que forma de la controversia planteada en el juicio ordinario mercantil señalado en el resultado décimo octavo de la presente resolución, cuestión que el ente obligado n o expresó en el acuerdo de reserva que se analiza y que en este expediente quedó acreditado con las constancias que obran en el sumario y que fueron mencionadas en el señalado resultando décimo octavo”.

En su resolución, la CEGAIP no sólo repite el sometimiento de las autoridades estatales a los intereses de la empresa alemana, sino que además recomienda señalar un expediente distinto al de la información solicitada (un juicio ordinario mercantil) para proteger los intereses de la empresa que vendió el terreno para la instalación de la planta automotriz.

La CEGAIP recomienda, además, que la SEDECO elimine de sus acuerdos de reserva diez causas que citó como motivación, entre las que destaca el siguiente:

“La que indica que, al darse la información, se daría origen a la violación de lo declarado en alguna de sus cláusulas con la consecuente responsabilidad administrativa institucional que implica el mismo, ya que así fue establecido en el “Convenio Marco””.

La recomendación de los comisionados tiene una clara intención de “blindar” los nuevos acuerdos de reserva de incurrir en la exhibición de una violación a la Ley de Transparencia, que prohíbe las cláusulas de confidencialidad, pues en sus argumentos para descalificar los agravios manifestados por el quejoso afirma que ninguno de los acuerdos cita específicamente esa cláusula, aunque reconoce su existencia.

La resolución tiene fecha del 2 de diciembre, justo un día después de que Camacho Zapata declaró que el expediente estaba "atorado" por que debía ser "tremendamente bien cuidado" por cuestiones que tienían "que ver con información que ha ido llegando a la Comisión y que pueda resolverse de la mejor manera posible y con todos los elementos". Prometió que antes de que concluyera diciembre estaría resuelto.

A pesar de la fecha en que presuntamente sesionaron de manera extraordinaria, la resolución no fue incluida en las listas de acuerdos, por lo que se supo que el caso había sido resuelto hasta que, una hora y media antes de salir de vacaciones, la CEGAIP notificó al quejoso su determinación.

La parcialidad de la resolución sólo podrá ser combatida a través de un amparo ante un Juez Federal.

Mantienen aumentos, pero moderados 

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Aunque las comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado moderaron los incrementos en las multas de tránsito para el próximo año, los 21 casos en los que el alcalde Ricardo Gallardo Juárez los propuso tendrán en promedio un aumento del 102 por ciento.

De acuerdo a un comparativo entre la propuesta de Ley de Ingresos para2016 enviada al Congreso por el Ayuntamiento y el dictamen elaborado por las comisiones legislativas, que será aprobado por el pleno este lunes, se observa que  se mantienen las tarifas para uso de piso de los comerciantes ambulantes y los aumentos, con algunas reducciones, en las multas de tránsito.

En la propuesta de Gallardo Juárez, la infracción con mayor aumento se proponía para circular vehículo de dimensión mayor a la reglamentaria sin el permiso correspondiente, ubicada en un mil 400 por ciento. Las comisiones legislativas bajaron el incremento, en salarios mínimos, a un 400 por ciento.

En el caso de las infracciones por manejar con aliento alcohólico, el incremento se redujo de un mil 100 por ciento en la propuesta gallardista a un 900 por ciento en el dictamen legislativo. La dos multas con mayor incremento siguen siendo las mismas, aunque ahora son las únicas cuyos aumentos superan el 100 por ciento.

En el caso de las tarifas para el uso de piso para el comercio ambulante, las comisiones dictaminadoras mantuvieron las mismas cuotas para las 35 actividades de comercio ambulante, y sólo desaparecieron las tarifas generales señaladas para la zona centro de la ciudad.

 Las 35 actividades comerciales a las que Gallardo Juárez propuso aplicar tarifas diarias de uno a tres salarios mínimos se mantuvieron sin variación.

Entre los aumentos que desaparecieron, más allá de las cuotas para ambulantes y multas de tránsito, se encuentra la cuota para la inhumación a perpetuidad en nicho para cenizas que pasaba de costar 10 a 200 salarios mínimos. Ahora ya no aparece.

Propone Gallardo aumentos de hasta 1,900%

Crea cuotas para comercio ambulante

Por JOSÉ VICTORIANO MARTÍNEZ GUZMÁN

Para 2016, el ayuntamiento que encabeza Ricardo Gallardo Juárez pretende lograr mayores ingresos a costa de los contribuyentes a través de aumentos en impuestos, derechos y multas de hasta el mil 900 por ciento y la creación de 65 nuevos impuestos por uso de piso, de acuerdo a un comparativo entre la Ley de Ingresos vigente y la iniciativa enviada al Congreso del Estado.

De una revisión comparativa de los dos documentos, se detectó que en 62 conceptos de ingresos se registran aumentos. El incremento más bajo es del 2 por ciento para el caso de  “estructuras que sirva de conector entre dos predios y que atraviesen la vía pública”, en tanto que el mayor se da en “inhumación a perpetuidad en nicho para cenizas”, que aumenta el mil 900 por ciento.

El promedio de los incrementos es del 139.65 por ciento.

De acuerdo con la tabla general de ingresos por Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, Gallardo Juárez pretende contar con un presupuesto de 2 mil 343 millones 664 mil 73.05 pesos, 304 millones 695 mil 443.05 pesos más que lo que se aprobó en la Ley de Ingresos para este 2015. Un aumento del 14.94 por ciento.

De acuerdo con la tabla general de ingresos, la administración municipal espera un aumento en las participaciones de 100 millones de pesos, en tanto que buscará aumentar los ingresos propios de 684 millones 724 mil 615.50 previstos para este año, a 889 millones 420mil pesos, que representan un incremento de 204 millones 695 mil 384.50 (un aumento del 30 por ciento).

Eso explica en parte el incremento en Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos. En el caso del mayor incremento, la inhumación a perpetuidad en nicho para cenizas pasará de costar 10 a 200 salarios mínimos, que traducidos en pesos representa un aumento de 701 pesos a 14 mil 20 pesos, aún sin considerar la modificación que se dé en el mes de enero al salario mínimo.

El segundo mayor incremento corresponde a “circular vehículo de dimensión mayor a la reglamentaria sin el permiso correspondiente”, que aumenta de 2 a 30 salarios mínimos, es decir, de 140.20 pesos a 2 mil 103 pesos.

Manejar con aliento alcohólico ocupa el tercer lugar en incremento: pasa de 3 a 36 salarios mínimos, es decir, de 210.30 pesos a 2 mil 523.60 pesos conforme al salario mínimo vigente todavía este mes, y que será modificado a partir de enero.

Entre los 62 conceptos que incrementan la cuota, en 19 casos se pretende aplicar más del doble que lo cobrado este año y, entre éstos, 12 casos corresponden a multas de tránsito.

¿Control del ambulantaje vía derecho de piso?

En la larga relación de conceptos por los que se cobran impuestos, derechos y multas, la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 incorpora 65 nuevos, de los cuales 41 corresponden a impuestos por uso de piso, con una clara dedicatoria al comercio ambulante. En cambio, sólo se suprimen cinco.

Sobre el contenido del artículo 40 de la iniciativa no se detectó el correspondiente en la Ley vigente. Ese artículo señala que "los contribuyentes por arrendamiento y explotación de espacios cubrirán los siguientes requisitos y cuotas: I. El otorgamiento en uso de propiedades municipales, previa solicitud por escrito, de los interesados, mediante una cuota, de recuperación que establecerá la autoridad municipal, de acuerdo con el usurario del servicio, el uso que se le destine y el tiempo de utilización”.

En las siguientes fracciones establece las cuotas. Para usar un espacio con fines comerciales en la zona del primer cuadro de la ciudad, el ayuntamiento establece una cuota diaria de 15 pesos, más 10 pesos por metro lineal ocupado.

En la iniciativa se propone un tabulador para elcaso de la utilización de la vía pública para eventos especiales, de temporada, fiestas patronales, eventos deportivos u otro no previsto excepto tianguis, que se cobrara diario y por adelantado.

Enumera 35 actividades del comercio ambulante, para la que establece distintas cuotas en salarios mínimos. Así, por ejemplo, un vendedor de algodones de azúcar tiene que pagar por adelantado 70.10 pesos diarios antes de ponerse a trabajar.

Lo mismo pagarían quienes pretendan instalar los siguientes juegos o vendimias: Futbolitos (la cuota se aplica a cada una de las mesas), Arcos, Juegos de Pesca, Tiro de monedas, Globos y rehiletes (ambulantes), Algodones, Puesto de Hot Cakes, Triciclo de elotes, Tamales y atoles, y  Palomitas.

Los ambulantes que pretendan vender bebidas preparadas sin alcohol en eventos especiales, de temporada, fiestas patronales, eventos deportivos, tendrán que pagar por adelantado 210.30 pesos diarios. Es la cuota más cara en ese tipo de eventos.

La multas de tránsito que más aumentan

La Ley de Ingresos enumera 223 motivos por los que un agente de tránsito puede aplicar infracciones. En 21 casos se proponeaumentar la cuota de las multas, de los cuales 12 superan el incremento del 100 por ciento.

La infracción con mayor aumento es contra circular vehículo de dimensión mayor a la reglamentaria sin el permiso correspondiente             que pasa de 140.20pesos a 2 mil 103 pesos; le sigue manejar con aliento alcohólico, que pasa de 210.30 pesos a 2 mil 523.60 pesos; luego circular con exceso de humo en el escape  que aumenta de 350.50 pesos a mil 402 pesos.

Destaca el caso del motivo de infracción denominado “No obedecer indicaciones manuales del agente de tránsito”, por lo que se cobraban 280.40 pesos y se pretende cobrar en 2016 una multa de mil 51.50 pesos.

No usar cinturón de seguridad conductor, copiloto y acompañantes era sancionado con 210.30 pesos de multa y se pretende cobrar ahora 701 pesos; en el caso de modificación al sistema original de escape, que produzcan ruido excesivo se aplica una multa de 210.30 pesos y se propone cobrar 701 pesos.

El uso de teléfono celular mientras se conduce, identificado como circular manipulando equipo de comunicación portátil o telefonía móvil era sancionado con 350.50 pesos de multa y ahora se busca cobrar mil 51.50 pesos. Circular con puertas abiertas es sancionado en la ley actual con 140.20 pesos de multa y se propone cobrar 350.50.

Los motivos de infracción en los que se propone duplicar la sanción son “Circular con menores de edad, objetos o animales adjunto al conductor y al volante”, de 350.50 pesos a 701 pesos;  “Obstruir bahía o parada de camiones”, de 280.40 pesos a 560.80; Vehículo de transporte escolar sin equipo especial de 350.50pesos a 701, y Falta de escape de 350.50 pesos 701 pesos.

De plagios, derecho comparado y armonización legal…

Por José Victoriano Martínez Guzmán

La propuesta de Ley contra la Trata de Personas que presuntamente plagió la diputada Marta Orta a dos académicas de la Facultad de Derecho de la UASLP es una copia incompleta de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos con distinto orden en el articulado.

De acuerdo a un comparativo realizado por Proyecto Tábano entre el documento de las académicas publicado en La Jornada San Luis el 9 de noviembre, la Ley General y la iniciativa de la diputada Orta, los tres textos coinciden prácticamente en su totalidad, con el orden de los artículos cambiado.

En el caso de la propuesta de las académicas, el documento que hicieron público esta incompleto, los últimos tres artículos no están numerados y otras cuatro aparecen con numeración sobrepuesta. Presenta en total 60 artículos, no tiene exposición de motivos ni disposiciones transitorias.

La Ley General cuenta con 126 artículos y 14 transitorios, en tanto que la iniciativa de Orta tiene 83 artículos y tres transitorios. Mientras en la propuesta de las académicas se reproducen textualmente disposiciones para el ámbito federal, en la iniciativa fueron omitidas o modificadas para adaptarlas a la legislación local.

Destaca, por ejemplo, que el artículo 51 de las académicas hace referencia a “la Secretaría” cuando en el apartado de definiciones de la ley no aparece ese concepto. Se trata en realidad una copia literal de la Ley General, en la que “la Secretaría” se refiere a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Artículo 51. La Secretaría facilitará y aceptará sin demora indebida o injustificada, la repatriación de las víctimas nacionales, garantizando en todo momento su seguridad”, así comienza el artículo en la propuesta de las académicas.

La dimensión del plagio

En el caso de la exposición de motivos, las académicas exhibieron en la misma edición de La Jornada San Luis una tarjeta informativa que aseguraron les fue plagiada. El documento de las académicas consta de 738 palabras, en tanto que la exposición de motivos de la iniciativa tiene 3 mil 121 palabras.

El documento expuesto por las académicas constituye un resumen de la propuesta que prácticamente se encuentra reproducido en la exposición de motivos, con muy pocas variantes en el texto introductorio a la enumeración de los puntos que se destacan, los que se reproducen tal cual.

GOBIERNO RENTERO

Falló Toranzo en control de gasto en arrendamientos

Aumento el pago en un 25.1%

Por PROYECTO TÁBANO

A pesar de que el Acuerdo Administrativo que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto señala que “los incrementos anuales de los contratos (de arrendamiento) no podrán ser en ningún caso superiores al índice inflacionario”, durante el sexenio de Fernando Toranzo Fernández el pago de rentas aumentó 1.69 puntos arriba de la inflación.

De acuerdo con la relación de inmuebles rentados que el gobierno estatal reporta en su sitio Web de Transparencia, en 2009 se tenía un pago mensual de 1 millón 864 mil 652 pesos por 152 inmuebles de 19 dependencias. Para este año, las mismas dependencias cuentan con 162 inmuebles por los que pagan 2 millones 332 mil 622 pesos.

De acuerdo con esos datos, mientras el número de inmuebles rentados aumentó un 6.57 por ciento, el pago por ocuparlos subió un 25.1 por ciento. La calculadora de Inflación del INEGI reporta una inflación entre octubre de 2009 y septiembre de 2015 del 23.41 por ciento, lo que indicaría que en el global no se logró controlar o disminuir el gasto en rentas. 

De poco sirvió que algunas dependencias reubicaran la mayor parte de sus oficinas a inmuebles propios, como el caso de las secretarías de Desarrollo Económico y de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.La relación de inmuebles rentados complta se puede consultar en archivo Excel aquí.

De las 19 dependencias que reportan su gasto en rentas vía internet, sólo a 12 la Auditoría Superior del Estado (ASE) les aplicó auditorías. Esas 12 dependencias acumulan pagos por 21 millones 694 mil 524 pesos en 2014, según lo reportado vía Web. No obstante, en los informes de la ASE sólo aparecen pagos que acumulan 20 millones 696 mil 341 pesos.

En la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASE sólo a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Finanzas le señala las siguientes observaciones:

Oficialía Mayor: “No existe apego a la normativa vigente, respecto a la integración de expedientes para el arrendamiento de inmuebles”.

Secretaría de Finanzas: “Se detectaron comprobantes de arrendamiento caducos, lo anterior incumple los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el artículo 26, fracción I y III del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. Ahora bien, en el proceso de solventación se presentó la documentación donde se puede observar que la dependencia tomo acciones para que en lo sucesivo se evite esta irregularidad con lo que se solventa la observación".

En la siguiente gráfica puede consultar el número de inmuebles que reportaron cada año las 19 dependencias que publican la información vía Internet, y el monto total que pagaron por ellos.

En la siguiente imagen es posible consultar el número de inmuebles rentados que reporta cada una de las dependencias que lo hacen público y el monto que pagaron cada mes por esos arrendamientos.

El siguiente mapa muestra la ubicación de los inmuebles rentados con los siguientes datos: Dependencia, Calle y número , Código Postal,.Colonia, Municipio, Uso, Arrendador, Importe de la renta mensual, Fecha de inicio del contrato y Fecha Final. Algunas ubicaciones no serán precisas por imprecisiones en los datos reportados.

Al consultar el mapa se debe tener en cuenta que no aparecen todos los inmuebles rentados por el Pode Ejecutivo, dado que sólo aparecen los que reportan las 19 dependencias que publican esos arrendamientos en su página Web de transparencia.

Para ver el mapa en pantalla complta di clic aquí Inmuebles rentados por Gobierno de San Luis Potosí

¡Feliz cumpleaños, Queja 308/2014-2!

• CEGAIP retrasa su resolución para dar derecho de audiencia a quien señala como “tercera persona ajena a la queja”• Parque Logistik presenta argumentos incompletos y la CEGAIP le ofrece otra oportunidad para completarlos

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Como regalo de cumpleaños, la Queja 308/2014-2 ante la CEGAIP en contra de la reserva del convenio entre el gobierno del Estado y la BMW con sus anexos, ha recibido no sólo deseos de una larga vida, sino la confirmación de que efectivamente se mantendrá viva por mucho tiempo.

La queja se gestó con la negativa de la Secretaría de Desarrollo Económico a proporcionar a un solicitante la copia del convenio Gobierno-BMW y sus anexos, y nació el 28 de agosto de 2014, cuando fue recibida en la oficialía de partes, donde fue pre-bautizada con el número que le correspondió según la secuencia de sus congéneres: 308/2014.

Una vez que se acordó su admisión obtuvo el apelativo “-2”, que indica que el asunto fue turnado a la comisionada Yolanda Camacho Zapata, presidenta de la CEGAIP, para ser resuelto dentro del plazo legal de 30 días hábiles.

A pesar de que su desarrollo hasta llegar a la madurez de la resolución se pudo haber prolongado hasta por 30 días hábiles adicionales por la prórroga que permite la Ley de Transparencia –es decir, la primera etapa de su existencia concluiría el 27 de octubre de 2014– la característica negligencia de la CEGAIP alargó su vida, sin importar que con ello violan el artículo 105 de la ley.

Para el 14 de diciembre de 2014, la filtración y difusión, en varios medios, del convenio Gobierno-BMW representó una amenaza a la prolongada vida de la Queja 308/2014-2, ya que uno de los documentos reservados por la autoridad se hizo público, lo que –se creyó– facilitaría a la CEGAIP la resolución a favor del acceso a esa información ya hecha pública.

Entre los aspectos que se señalaron a favor de la desclasificación de la reserva, se mencionó que la autoridad, al pretender mantener oculta la información, incurre en una violación al artículo 70 de la Constitución Política del Estado, que ordena publicar ese tipo de convenios en el Periódico Oficial del Estado.

Tal relevancia da la Constitución a la publicación de los convenios, que condiciona su validez a que esta se realice. Se entiende, pues, que si el convenio no se ha publicado como ordena la Constitución, los apoyos entregados a la fecha y los que están por entregarse se hacen al margen de la máxima ley en el estado.

Pasó el tiempo, y la difusión del convenio se convirtió en la demostración de que la prueba de daño argumentada por la SEDECO en sus acuerdos de reserva resultó infundada. Pasó el tiempo y ni la comisionada ponente –Camacho Zapata– ni sus compañeros fueron capaces de percatarse de tal situación.

A menos que hayan decidido prolongar artificiosa e ilegalmente la existencia de la queja.

A partir del pasado 4 de agosto se comenzaron a presentar indicios de que, en efecto, intereses opacos desde el Palacio de Gobierno comenzaron a intervenir. De alguna forma, en la Secretaría General de Gobierno se enteraron de que la Queja 308/2014-2 tenía sus días contados, y no podían dejarla morir si eso implicaba la revelación de documentos públicos.

En la sesión de ese 4 de agosto, los comisionados de la CEGAIP acordaron –¿de la nada?– requerir información adicional a la SEDECO para resolver la queja sobre la que ya tenían desde nueves antes los documentos a revisar si eran públicos o no. La ilegal vejez de la Queja 308/2014-2 tomó un segundo aire.

Siete días después, de nuevo en sesión del Pleno de la CEGAIP, los comisionados encabezados por Camacho Zapata le dieron mayor fortaleza a la ilegal supervivencia de la queja: no sólo dieron entrada a documentos adicionales por parte de la SEDECO, sino a una petición de derecho de audiencia de quien ellos mismos llaman “una tercera persona ajena a la queja”.

Sí, en la versión pública del acta de la sesión del 11 de agosto se testa el nombre de Guillermo G. Cueto Borbolla, apoderado de Sociedad de Desarrollo Logistik, S.A. de C.V., por tratarse presuntamente de un dato personal confidencial.

En la justificación de la eliminación de ese dato, la CEGAIP señala: “ELIMINADO 1. CONJUNTO DE LETRAS QUE REPRESENTAN EL NOMBRE DE UNA TERCERA PERSONA AJENA A LA QUEJA 308/2014-2…”.

A pesar de considerarla “ajena a la queja”, la CEGAIP aplazó la resolución y requirió a Desarrollo Logistik, S.A. de C.V. la presentación de sus argumentos, para respetar su derecho de audiencia en un asunto en el que… ¡lo considera ajeno!

¿De dónde surge la obligación de dar derecho de audiencia a un ajeno al asunto? ¿Acaso se trata de algún compromiso por parte de una CEGAIP que en innumerables ocasiones ha dado más que indicios de una quebrantada imparcialidad? Pues hay más…

El pasado 19 de agosto, la CEGAIP recibió un “escrito de fecha 18 de agosto de 2015, recibido en esta Comisión el 19 del mismo mes y año, signado por el Licenciado Guillermo G. Cueto Borbolla, Representante Legal de Desarrollo Logistik, S.A. de C.V.”, con el que atendió el requerimiento acordado en la sesión del 11 de agosto.

En la lista de acuerdos del 26 de agosto, en la que se da cuenta escrito firmado por Cueto Borbolla, desapareció el prurito de la protección de datos personales, y la CEGAIP reveló la identidad de la “tercera persona ajena a la queja”… y se consumó la jugarreta para prolongar la vida de la Queja cumpleañera.

Pero la intención de alargar la existencia de la Queja 308/2014-2 no para ahí. A la “tercera persona ajena a la queja” se le requirió presentar los documentos con los cuales acreditara las circunstancias que lo afectarían si se desclasifica la información relacionada con el convenio Gobierno BMW y anexos.

Los contubernios de CEGAIP para ocultar información pública

Por petición de SEDECO y Logistik, retrasa resolución con que viola la ley desde hace más de 300 días

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando parecía que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) había agotado la amplia gama de opciones de contubernio con funcionarios opacos para ocultar información, sorprende con una nueva modalidad: atiende el llamado de un particular para retrasar una resolución con la que de por sí viola la ley desde hace más de 300 días.

Durante la sesión del pasado 11 de agosto, el Pleno de la CEGAIP acordó aplazar la resolución del expediente de Queja-308/2014-2, iniciada el 28 de agosto de 2014, en la que se solicita que se desclasifique el convenio firmado entre el gobierno del estado y la empresa alemana BMW, así como sus anexos.

“El Pleno de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) en sesión extraordinaria determinó que la documentación que le hizo llegar la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del expediente reservado de la instalación de la empresa BMW en San Luis Potosí deberá someterse a un estudio pormenorizado por cada uno de los integrantes del Pleno, toda vez que forma parte del punto central del motivo de reserva”, informó la CEGAIP en un boletín de prensa.

No obstante, en su versión a los medios evitó señalar que desde el 27 de octubre de 2014 requirió a la SEDECO los documentos involucrados en la queja y los dio por recibidos el 3 de noviembre del año pasado.

Omite además en su comunicado que no sólo la SEDECO le hizo llegar documentación, sino que también dio entrada a un escrito firmado por Guillermo G. Cueto Borbolla, representante de Sociedad Desarrollo Logistik S.A. DE C. V. que, según lo notificó al quejoso, es el principal motivo del retraso de la resolución, de por sí vencida.

“Se requiere a la promovente Desarrollo Logistik, S.A de C. V., a fin de acordar lo que en derecho proceda a su solicitud, dentro del término de 03 tres días hábiles […] para que exhiba a esta autoridad los documentos” que ofrece en el citado escrito que provoca el acuerdo, se puede leer en la notificación del acuerdo al quejoso.

Es decir, en un asunto que la CEGAIP debió resolver desde el 28 de septiembre de 2014, o (en caso de haberse autorizado la única prórroga que permite la Ley de Transparencia) a más tardar el 27 de octubre de ese año, hoy los comisionados se prestan a maniobras adicionales para retrasar la difusión pública oficial de los documentos.

Extraoficialmente, el convenio Gobierno-BMW fue difundido por Proyecto Tábano desde el 14 de diciembre de 2014, sin que ninguno de los argumentos presentados en los acuerdos de reserva emitidos por la SEDECO en la prueba de daño, se hayan presentado.

Sobre la documentación anexa al convenio, las autoridades han erigido un cerco más hermético con la complicidad de la CEGAIP, a tal grado que los comisionados abren el caso a que cualquiera que se sienta involucrado haga valer argumentos dentro del litigio, como ocurrió con la Sociedad Desarrollo Logistik S.A. de C. V.

De una revisión de la cronología del caso, se desprende que la CEGAIP, desde hace nueve meses, debió pronunciarse sobre el carácter público o reservado de la información, dado que contó con los documentos declarados reservados desde el 3 de noviembre, como consta en el expediente.

Que casi un año después, la SEDECO en combinación con Sociedad Desarrollo Logistik pretenda hacer valer documentación adicional sólo muestra la parcialidad con la que se conducen los comisionados de la CEGAIP, al grado de informar mediante boletín de prensa que acordó, 250 días después de que se le venció el plazo para resolver la queja, llevar a cabo la revisión que la ley de por sí, en el artículo 43, ya le ordena que debe hacer.

Una situación con claros tintes de contubernio, no sólo con la SEDECO, sino también con los representantes de Sociedad de Desarrollo Logistik, S.A. de C.V., cuya intervención en el caso está totalmente fuera de lugar. Lo que está en litigio dentro del expediente en la CEGAIP es únicamente si la información es pública o no, sus efectos sobre actos de particulares no.

Los argumentos de Logistik

Entre las citas que en la notificación se incluyen de lo argumentado por Sociedad de Desarrollo Logistik, S.A. de C.V., señalan que solicita derecho de audiencia “…para estar en posibilidad de acreditar la afectación que pudiera implicar la determinación de publicar información solicitada por el quejoso...”, y reproducen las siguientes dos citas:

"...incidiría indudablemente en la parcialidad al resolver las controversias judiciales que actualmente se encuentran en trámite en diversas instancias...",

"... que tienen como finalidad dilucidar cuestiones referentes a derechos adquiridos por Sociedad Desarrollo Logistik S.A. DE C. V. en relación con la propiedad de los terrenos que fueron contemplados para la construcción de la planta industrial por parte de la empresa BMW, dentro del Parque Industrial Logistik 1/, en el Estado de San Luis Potosí..."

Se trata de inquietudes que no deberían preocupar a la empresa –como a ningún otro particular– ya que si en el documento existieran datos personales que debieran ser protegidos por alguna razón justificada, declararlo público implicaría necesariamente por ley la protección de esos datos y la elaboración de una versión pública.

Independientemente de lo anterior, el efecto que teme la empresa de que se conozcan los documentos nada tiene que ver con que se hagan públicos o no, dado que –si constituyen un elemento de prueba en el litigio en el que afirman puede tener un efecto– su contraparte los puede hacer valer sin importar si deben o no protegerse los datos personales, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Transparencia.

Se trata de un acto más en el que la CEGAIP se presta, sin importar si viola la Ley de Transparencia, a una maniobra en la que, tanto las autoridades estatales como la Sociedad de Desarrollo Logistik, S.A. de C.V. requieren mantener ocultos los documentos cuya reserva debió ser revisada desde hace 250 días, al 13 de agosto.

Una muestra clara de que la CEGAIP no está para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, sino al servicio de quienes pretenden manejar los asuntos públicos en secreto para favorecer sus intereses… por supuesto con una apariencia de transparencia que ya a nadie engaña.

CEGAIP da carpetazo a transparentar destino del crédito marcelista

• Abdica de calificar la calidad de las respuestas para ocultar los registros contables sobre el destino de los mil 500 mdp

• Como funcionario, comisionado apoyó ocultar los documentos. Hoy vota para que sigan ocultos

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Si algo marcó el cierre del sexenio de Marcelo de los Santos Fraga fue el crédito que por mil 500 millones de pesos solicitó a unas semanas de concluir su mandato y cuya historia se ha convertido en una saga de complicidades para ocultar el verdadero destino de esos recursos, en la que, a punto de cumplirse seis años del hecho, la CEGAIP se apunta con un nuevo episodio.

La protagonista y presunta autora del nuevo capítulo es la comisionada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, quien como ponente sustituta de Alfonso Serment Gómez, llevó al pleno una resolución para dar por cumplida la orden de que sean revelados los registros contables utilizados por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2009, y fue aprobada a pesar de que los documentos proporcionados no corresponden a lo solicitado.

Se trata de un capítulo más de esta larga historia que inició a principios de 2010, y del que este episodio específico comenzó el 14 de abril de 2011, cuando se inició una queja en contra de la ASE por haberse negado a proporcionar la información que se le solicitó en los siguientes términos:

“Copias simples de los registros contables en los que basó su observación en el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 en la que afirma que ‘De acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500.000.000.00 es de $561,976,348.40, mismos que no es posible identificar a cuáles Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración de acuerdo al Decreto 819 de autorización’”.

Los documentos solicitados corresponden al eslabón que une a la administración de Fernando Toranzo, hoy en el ocaso, con la de su antecesor, y su ocultamiento sólo se puede explicar como parte de un juego de complicidades para ocultar el verdadero uso que dieron a esos recursos ambos mandatarios, pero especialmente el actual.

Fue la segunda ocasión en que se le requirieron los registros contables a la ASE, pues con motivo de una solicitud previa, la dependencia argumentó que se trataba de información reservada, para lo cual informó al solicitante la documentación forma parte del expediente de auditoría, lo que se hizo valer en la nueva petición.

“Cabe hacer la aclaración de que presento por segunda ocasión la misma petición, dado que en el caso anterior ese organismo reconoció en su Acuerdo de Reserva No. ASE-AEFG-PE/09 que los documentos por mí requeridos obran en sus archivos al comunicarme que “se le informa al solicitante que los registros contables forman parte del Expediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí””, se agregó a la solicitud.

Las peticiones previas comenzaron en 2010 y se presentaron ante la ASE y la Secretaría de Finanzas que, al igual que el organismo fiscalizador, negó la información con el argumento de considerarla como información reservada.

Hasta el 31 de enero de 2013 la CEGAIP resolvió la queja 270/2011-3, iniciada dos años atrás. Ordenó a la ASE proporcionar las copias de los registros contables requeridos, pero ésta en lugar de cumplir con la resolución comenzó una serie de maniobras que la Comisión toleró: insistió ante la propia CEGAIP en hacer valer su acuerdo de reserva y, ante una amonestación, recurrió a un amparo para retrasar su cumplimiento.

Una vez declarado improcedente el amparo, la ASE se vio obligada a proporcionar los documentos solicitados. No obstante, evadió la entrega mediante dos acciones tramposas: argumentó no contar con los registros contables completos a pesar de que en el acuerdo de reserva señaló que formaban parte del expediente reservado y, como la parte que sí poseía, proporcionó un documento distinto al requerido.

Al reportar el presunto cumplimiento de la resolución, la ASE advirtió a la CEGAIP que entregaba la información a pesar de que “esta Autoridad manifestó a esa Comisión los impedimentos con los cuales se cuenta para hacer entrega de dicha información”, cuando en realidad no entregó ningún documento de los solicitados.

“Esta Auditoría sólo cuenta con los registros contables parciales los cuales forman parte de los papeles de trabajo de los papeles de auditoría, en virtud de que es una información generada por la propia Secretaría de Finanzas mediante el Sistema de Información Financiera”, fue la respuesta que dio al solicitante.

Como “registros parciales”, proporcionó un documento de 13 páginas con cifras y cuentas bancarias sin ninguna relación con el crédito de los mil 500 millones de pesos.

Además, el documento contenía la leyenda “saldo al 25/09/10 Inv Total”, es decir, se trataba de un registro generado tres meses después de que el Informe Final de Auditoría 2009 había sido aprobado por el Congreso del Estado, señal inequívoca de que no correspondía al solicitado.

Desde junio de 2013, cuando se dio la entrega de esos documentos, el solicitante hizo notar las inconsistencias al no haber recibido la información requerida. La CEGAIP dejó inactivo el expediente desde entonces.

El pasado 16 de julio, dos años y un mes después, el solicitante fue sorprendido con una resolución de la CEGAIP en torno al caso: “esta Comisión… determina que en la especie la resolución se encuentra debidamente cumplida, ya que (la ASE) acató la instrucción señalada en la resolución de mérito”.

Al acuerdo fue tomado por el pleno el pasado 12 de mayo. La resolución está firmada por la comisionada Ávalos Cedilla como ponente, el comisionado numerario Oscar Alejandro Mendoza y el tercer comisionado supernumerario Miguel Ángel Ruiz Martínez. Tres comisionados evitaron conocer del caso:

Yolanda Camacho, presidenta de la CEGAIP, se excusó por su parentesco con el auditor José de Jesús Martínez Loredo; y los supernumerarios María Angelina Acosta Villegas y Luis Villanueva Ángel, no respondieron al llamado sin precisar sus impedimentos. Aparentemente los tres comisionados que votaron el acuerdo no tenían impedimento alguno para hacerlo.

No obstante, Oscar Alejandro Mendoza ya se había excusado en un asunto relacionado con los registros contables, aunque en un expediente de queja diferente. Entre las peticiones de los registros contables, la presentada ante la Secretaría de Finanzas originó la queja 294/2011-3, iniciada el 29 de abril de 2011, 15 días después de la que ahora están dando por concluida.

El 24 de enero de 2013, cuando estaba por resolverse ese expediente, Mendoza se excusó con el argumento de que él participó en el proceso de la respuesta con la que la Secretaría de Finanzas negó la información En su momento fue parte del equipo que determinó ocultar los documentos. Hoy es parte del trío que decide dar carpetazo al asunto y, con ello, mantenerlos ocultos.

Una historia que evidencia el rezago en el que ha caído la garantía del derecho de acceso a la información pública en el estado, en manos de comisionados que llegaron al cargo gracias a intereses de funcionarios caracterizados por su opacidad y a quienes hoy rinden buenas cuentas en perjuicio de quienes pretenden ejercer ese derecho.

Con el cierre del expediente, cuatro años después de iniciado, el estado de indefensión de los usuarios del derecho de acceso a la información queda plenamente retratado:

Los entes obligados pueden entregar como respuesta cualquier documento –hasta una hoja en blanco posiblemente– sin importar que no corresponda a lo solicitado. Si el peticionario expone ante la CEGAIP la discrepancia entre el documento pedido y el entregado, se topará con el criterio del organismo garante presentado en este caso y en otros:

“Este Órgano Colegiado no es un organismo fiscalizador de la información, ya que en caso de existir inconsistencias el quejoso deberá hacerlas valer ante las instancias competentes, dado que el objetivo de este órgano colegiado se enfoca en la entrega de la información”.

Los entes obligados tienen en los comisionados a verdaderos representantes de sus intereses por ocultar la información que deseen, y el caso del comisionado Mendoza habla por sí solo: unos meses antes de asumir el cargo participó en la elaboración de la respuesta que oculta una información que hoy vota para que quede inaccesible por un tiempo indeterminado.

Así, el crédito de los mil 500 millones de pesos de Marcelo de los Santos se vuelve emblemático de las complicidades entre el actual gobierno y el anterior, en el que la CEGAIP en manos de personeros, fue el instrumento para, desde su perspectiva, dar por sepultado el secreto del destino final que le dieron, tanto Fernando Toranzo como Marcelo de los Santos, al préstamo que terminará de pagarse hasta el 2029.

Para los interesados en continuar la lucha por abrir esa información las instancias locales ya dieron muestra de ser un dique insalvable, a pesar de que cualquier persona puede volver a solicitar los documentos hasta hoy ocultos.

Al tratarse de información que puede ser solicitada en cualquier momento, la esperanza de lograr abrir esa información surge con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dará, en unos meses, la posibilidad de recurrir a una instancia foránea como el INAI… [coming soon]

Reserva ASE información publicada

Congreso del Estado la entrega ante una solicitud, la Auditoría la “oculta”

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando la característica de un gobierno es la opacidad, los actos de sus funcionarios –así sean de presuntos organismos autónomos– tienen como objetivo automático ocultar la información… aunque el público ya tenga acceso a ella.

A partir de diciembre, cuando por una filtración se hizo público el convenio entre el Gobierno del Estado y la empresa alemana BMW, este 2015 comenzó su trayecto como el año de la información oculta a la vista de todos.

Con aquella difusión que al menos dos diarios de la ciudad, además de este sitio, dieron al documento, los acuerdos de reserva 014/2014 y 017/2014 de la Secretaría de Desarrollo Económico dejaron de tener sentido y todo apuntaba a que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) no tendría dificultad para ordenar su desclasificación.

No obstante, a pesar de que la queja mediante la que se solicitó la desclasificación del convenio Gobierno-BMW se interpuso el 28 de agosto, a un mes de que se cumpla un año, la CEGAIP no ha emitido la resolución para la cual el plazo se le venció desde el 14 de octubre o, en caso de haber acordado una prórroga, el 27 de noviembre.

El gobierno estatal mantiene la reserva de un documento que ya es posible consultar en diversos sitios de internet y, ante nuevas solicitudes de información que se han detectado en el sistema Infomex, continúa negando el convenio que la propia constitución estatal ordena que debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado para que tenga validez.

Si eso pasa con un documento que debe considerarse inválido por no cumplir con un requisito constitucional, que es una circunstancia que debió observar la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, no es de extrañar que otros documentos declarados por la propia Constitución como públicos, sean declarados reservados.

Corresponde a la propia ASE el siguiente caso sobre la exhibición de esa vocación de opacidad a ultranza. 

Tras fijar en sus primeros párrafos las fechas en que la ASE debe entregar al Congreso del Estado los informes finales de auditoría a los entes fiscalizables, en el párrafo sexto el artículo 54 constitucional señala que “la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo”.

De acuerdo con esa disposición, el mismo día que la ASE entrega los documentos al Congreso adquieren el carácter de públicos, tal como ocurre con los informes similares que entrega la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Congreso de la Unión, con una diferencia: la ASF sí los pública completos inmediatamente en su sitio Web.

Proyecto Tábano solicitó el pasado 23 de junio las versiones electrónicas de los informes finales de la ASE sobre las cuentas públicas 2014, para lo que proporcionó un disco compacto. Se trata de documentos que, para ese momento, de acuerdo a la Constitución ya eran públicos. Además, algunos diarios y medios periodísticos electrónicos y Web ya manejaban datos sobre ellos.

En el caso de las cuentas públicas municipales, se solicitaron también, vía Congreso del Estado, copias simples de los informes finales correspondientes a los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital.

Antes de que se venciera el plazo de la solicitud de información presentada ante la ASE, el Congreso del Estado notificó el costo de las copias simples de los informes correspondientes a los dos municipios conurbados, se cubrió en la caja de la Secretaría de Finanzas, y las copias de los documentos fueron proporcionadas.

La liberación de la información por parte del Congreso del Estado confirma el criterio del carácter público de los documentos conforme a la Constitución, pues en el caso de los informes correspondientes a las cuentas 2013, el Legislativo los tiene publicados en su sitio Web desde septiembre del año pasado.

Al mismo tiempo, la agrupación Ciudadanos Observando tuvo acceso a los documentos, lo que hizo posible que Proyecto Tábano los obtuviera y generara la base documental con lo que fueron puestos a disposición del público el pasado 30 de junio.

Fue entonces cuando, al cumplirse el plazo de la solicitud de información presentada ante la ASE y a pesar de que los documentos circulaban en diversos medios y ya estaban disponibles aquí, la Auditoría Superior comunicó su respuesta el 7 de julio:

“…es importante hacer del conocimiento del solicitante que al ordenarse la continuación de dicho proceso de auditoría en los términos legales a este Órgano Fiscalizador, por parte del Congreso del Estado, debe ser considerado como información reservada…”

La ASE argumenta como fundamento de su reserva los artículos 23 y 69 de la Ley de Auditoría Superior del Estado “en concatenación con el numeral 41 fracciones 1, 111, IV YVII de la ley de Transparencia”, y afirma que la información sólo podrá liberarse cuando se emita la resolución “que ponga fin al procedimiento y sea debidamente notificada al interesado”.

El Comité de Información de la ASE no sólo no consideró el hecho de que los documentos que ya habían pasado por manos de los 27 diputados y sus asesores, eran del conocimiento público por diversos medios, sino que además le dio mayor valor a leyes secundarias que a la Constitución Política del Estado.

En la presentación que la ASE expone sobre su espacio de transparencia en internet afirma que ésta “es ponerse en evidencia ante sí mismo y ante los demás con sus propios actos sin escudarse en la posición política, administrativa o ideológica”. Mejor descripción de la forma en que evidencia su vocación por la opacidad no puede haber: declarar oculto lo que está a la vista.

Un caso que se suma al ya expuesto sobre el convenio Gobierno-BMW y al que hace una semana protagonizó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) con la reserva de los resultados casilla por casilla del proceso electoral del 7 de junio, a pesar de que el propio CEEPAC mantiene al acceso del público casi la totalidad de las actas en el PREP.

Dos organismos autónomos que deberían ser ejemplo de anteponer los valores democráticos que les dieron vida, pero que, flanqueados por un tercero (la CEGAIP), parecen más ser parte de un mismo entramado para dificultar el derecho de acceso a la información pública sin importar caer en el ridículo de declarar oculto lo que está a la vista.